Exigen a Urquijo que presente las cuentas de 2019 y le acusan de no convocar a la junta general de accionistas para liquidar la sociedad matriz.
Unos 800 accionistas de Abengoa, que aseguran representar al 10% del capital social de Abengoa S.A., han reclamado judicialmente la suspensión de los acuerdos de reestructuración aprobados por el consejo de administración el pasado 6 de agosto. La plataforma que aglutina a esos partícipes, pide la suspensión cautelar porque los daños serían «absolutamente irreparables» y «los efectos ya habrán sido plenamente desplegados dentro del tráfico jurídico», señala la demanda presentada por el despacho Navas & Cusí en representación de esos accionista.
Reclaman además que se prohíba expresamente al consejo de administración seguir adelante con el plan de reestructuración, en concreto, que se inhiban de votar en la junta de Abenewco1 que debe de aprobar el plan de conversión anticipada de los bonos. También solicitan que se realice una anotación preventiva en el Registro Mercantil de Sevilla «para asegurar la efectividad» de la suspensión cautelar, señala la demanda.
«O el proceso se paraliza ahora o los daños para los accionistas serán imposibles o de muy difícil reparación. Por eso pedimos que se suspenda cautelarmente mientras se analiza el fondo de nuestra demanda», señalan los accionistas agrupados en Abengoashares, que aseguran estar en contacto con el ICO, la Sociedad de Participaciones Industriales (Sepi) y la Junta de Andalucía, y con proveedores también perjudicados por el proceder del consejo.
Junta de accionistas
En cuanto al fondo, Abengoshares exige la presentación de las cuentas auditadas de 2019 y la celebración de junta de accionistas para decidir el futuro de la sociedad. Recuerdan que el plazo legal para presentar cuentas auditadas expiró el pasado 31 de agosto y denuncian que en cambio, el 19 de mayo de 2020 se les anunció una valoración de Abenewco2 por parte de un experto independiente –cuya identidad y mandato permanece oculto por la sociedad- que resolvió el patrimonio negativo de Abengoa en 388 millones de euros.
«No conocemos ni la entidad del supuesto experto independiente ni la razón por la que el consejo le contrató ni los criterios utilizados para la valoración; lo que queremos es una valoración firmada y sellada por auditor en unas cuentas anuales sometidas a junta de accionistas», señalan desde Abengoshares. «Falta transparencia, objetividad y rigurosidad», señala los impugnantes, quienes afirman que se han visto obligados a interponer esta demanda tras la negativa del equipo de Urquijo en reunión del pasado jueves 3 de septiembre a aportar información concreta que permita a los minoristas evaluar correctamente su posición actual y futura en la compañía.
La demanda tampoco entiende por qué la compañía está en causa de disolución cuando el informe de negocio de primer trimestre remitido a la CNMV el 31 de marzo de 2020 se informa que las ventas han crecido un 11% intertrimestral, el ebitda un 61% y la compañía pasa de unas pérdidas de 144 millones a 25 millones de beneficios. «Además, en la presentación a inversores de octubre de 2019, pocos meses antes, se presentaba a la empresa como el ave fénix que renace de sus cenizas, un grupo sólido y estable», señalan desde Abengoshares.
Además, los accionistas de Abengoa consideran que el consejo de administración ha violado la Ley de Sociedades de Capital al «apropiarse» de las competencias de la junta de accionistas, señala la demanda. En concreto, el artículo 160 de esa ley señala que la junta de accionistas debe de aprobar la enajenación o aportación de activos esenciales. «Los activos de Abengoa han sido traspasados a la filial Abenewco1 que pretenden convertir en la Nueva Abengoa sin que nosotros hayamos dado el visto bueno», señalan los accionistas.
El presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, señaló en la presentación a accionistas del pasado mes de agosto que la convocatoria de junta de accionistas no era necesaria puesto que ya existía autorización de la junta extraordinaria del 28 de marzo de 2019. Los accionistas responden que dicha junta autorizó la emisión de bonos convertibles «en un vencimiento mínimo de 5 años; es decir, la conversión no se produciría hasta el 2024 con posible extensión de 5 años», señala la demanda. «Nada se informó de que había una posibilidad de que dichos bonos se pudieran convertir anticipadamente, diluyendo a cero su inversión», añaden y recalcan que en ningún momento se planteó a Abenewco 1 como una sociedad independiente, sino que siempre fue planteada como un vehículo financiero con el que respaldar los bonos que se emitieron.
La demanda de Abengoshares plantea además que la misma junta de accionistas del 28 de marzo 2019 «adolece de vicio de nulidad porque según el art. 29 de los estatutos de Abengoa se exige un quorum del 50% en primera convocatoria y del 25% en segunda. Sin embargo dicha junta contó tan solo con un quorum de 16,88%, votando a favor un escaso 13,27% del accionariado».
Liquidación de Abengoa
La demanda interpuesta por Navas & Cusi también cree que el consejo de administración de Abengoa ha atentado contra el artículo 511bis de la Ley de Sociedades de Capital, que señala que la junta de accionistas debe de resolver sobre operaciones «equivalentes» a la liquidación de sociedad. «El acuerdo del 6 de agosto es equivalente a la liquidación Abengoa, la sociedad de la que somos socios», señalan desde Abengoashares.
Además, la demanda concluye que «se ha abandonado el principio de lealtad con los accionistas a los que se ningunea». Se pregunta por qué el consejo de administración presidido por Gonzalo Urquijo ha optado por anticipar la conversión de los bonos en lugar de buscar otras alternativas como acudir al mercado de deuda, pedir ayuda Covid para pagar los intereses de los bonos, o incluir los 153 millones de pasivo de la matriz en el acuerdo de reestructuración.
«Se ha producido una conducta espuria de las entidades financieras acreedoras de la sociedad actual filial Abenewco1, una estrategia encaminada a hacerse con la titularidad del negocio social en detrimento de los accionistas y en favor de varios acreedores», concluye la demanda.
El socio-director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, señala que los accionistas han mantenido una actitud «negociadora y abierta» frente al «oscurantismo y ninguneo» por parte del Consejo. Entiende que la demanda «es el único camino para defender a los accionistas, trabajadores y el mismo futro de la compañía».
Fuente: ABCSevilla
